INMINENTE SECUESTRO DEL PODER POLITICO
La censurable inacción, incompetencia y silencio
cómplice del gobierno; intereses, magnanimidad y codicia de empresas y
empresarios corruptos, la avidez y voracidad de poderosas organizaciones criminales
y batallones de sicarios (periodistas, delincuentes prontuariados, políticos
acabados) transformados hoy en día en la “reserva moral del país” y
supuestamente comprometidas en salvar al Perú del despeñadero el que fuera
conducido no, por este gobierno, sino, por todos los gobiernos que se
sucedieron a lo largo de estos doscientos años de vida republicana; prestos y diligentes
ellos, hoy, complotan maquiavélicamente para llevar adelante e indetenible un “golpe de estado” y demoler la democracia que
tanto dicen defender.
En efecto, el escenario político-social nacional, convulsionado por la sucesión
de hechos nada casuales, sino por el contrario, como parte de un bien
estructurado plan político no únicamente para traerse abajo al gobierno del
presidente Castillo; sino para mantener a como dé lugar; el nefasto modelo
económico neoliberal, mantener el rol subsidiario del Estado, sacralizar el “mercado”
como ente regulador de la vida nacional; “capturar
los poderes públicos”, capitalizar el descontento popular, promover la convocatoria
a elecciones generales, y así tener la
vía libre para recuperar el control del poder político nacional; nos da la
certeza de su próxima concreción.
Un ligero repaso a lo sucedido en estos últimos tiempos; nos ilustrara como
va vislumbrándose ese despropósito; el Poder Legislativo, constitucionalmente
reconoce que su poder reside en el Congreso y según el Art. 93° de la Constitución
de 1993; “los congresistas” representan
a la Nación; pero un malévolo despropósito, determinó que hoy quebrantando y renegando
del juramento hecho el día de su incorporación como tal; hoy representen y
defiendan mezquinos y oscuros intereses particulares
y en el que,
una presidente obsecuente, ciega y totalmente obsesionada por acceder a la Primera Magistratura del País;
impone autoritariamente encargos de los poderes fácticos con indisimuladas poses dictatoriales; junto congresistas de diferentes bancadas, elegidos por el pueblo
para trabajar por él; inmoral y suculentamente recompensados; subordinados en
cuerpo y alma al emergente y todopoderoso
aprofujimontecerronismo.
El poder Judicial, doctrinaria y Constitucionalmente reconociendo que la
potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los juzgados
y tribunales jerárquicamente integrados en un cuerpo unitario; distorsionada en
su esencia, doctrina y finalidad, secuestrada desde las más altas esferas por
el poder fáctico, y puesta a su servicio, haciendo de la impunidad, una de sus
más desvergonzadas responsabilidades, prolongando indefinidamente cruciales
procesos de corrupción contra a ex gobernantes, ministros, congresistas,
funcionarios autoridades.
El ministerio Público, tan venido a menos en tiempos de la dictadura
fujimontesinista, hoy admirable y respetuosamente reivindicada por honestos y
probos fiscales anticorrupción; acosada por la infiltración de agentes
corruptos, e internamente enfrentando serias dificultades para cumplir con esa
sagrada misión promover de oficio o a petición de parte la acción de la
justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos, y del interés
público tutelados por ley.
BATALLA CRUCIAL
Y lo que hoy en día indignados y con mucha preocupación observamos es la
ilegítima, inconstitucional y nada transparente designación de los magistrados
del Tribunal Constitucional, seis abogados, estrecha y manifiestamente vinculados
a la más nefasta organización criminal de los últimos tiempos como es el
fujimontesinismo. Del mismo modo, lo ocurrido en la Defensoría del pueblo que según
el Art. 162 de la Constitución vigente, dispone que corresponde a ésta; “defender
los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad;
y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, y la prestación
de los servicios públicos a la ciudadanía” Abdicando de tan trascendentes responsabilidades,
dejar indefensa a la ciudadanía y enfilar despiadadamente baterías políticas en
contra del gobierno y específicamente contra el Presidente de la República, con
argumentos políticos y muy alejados de sus competencias y responsabilidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario